Se Inicia tramite legistlativo en Estados Unidos para aprovar el TLC con Colombia

De esta forma se comienza formalmente la realizacion de todos los tramites necesarios para implementar el tratado.

El embajador de Estados Unidos en Colombia afirmo que a mas tardar este año  se firmaria el tratdo.

En la misiva, firmada por el Representante Comercial de EE. UU., Ron Kirk, la administración le dice al Congreso que ha concluido el trabajo preparatorio sobre el tratado y que está lista para iniciar sin “dilación” las discusiones técnicas con el legislativo para redactar los borradores “del proyecto de ley de implementación y la declaración de acción administrativa”, dos documentos que deben acompañar a cualquier tratado de libre comercio (TLC) ante de su trámite en el Capitolio.

La noticia era esperada desde hace varias semanas a raíz del acuerdo alcanzado por los presidentes Juan Manuel Santos y Barack Obama el pasado 7 de abril en la Casa Blanca.

Ese día, los presidentes dieron su bendición a un ‘Plan de Acción’ en el que se acordaron algunas modificaciones que Colombia debe implementar antes de que la Casa Blanca presentara el tratado el Congreso.

El primer paquete de modificaciones, entre las que se incluía una resolución del Ministerio del Interior que expande los niveles de protección a los que tendrían derecho personas asociadas al movimiento sindical y otra sobre los fondos para la ampliación de este programa, fue presentado en Washington el pasado 20 de abril.

Desde entonces EE. UU. se había dedicado a la traducción y revisión de estos documentos.

Lo que viene

Durante ellos, la administración le hará una presentación al Congreso sobre los detalles del TLC para recibir objeciones y comentarios.

Luego es posible que se realicen algunas audiencias públicas para discutir el tratado, tras lo cual se presentaría un borrador del acuerdo que es sometido a una votación ficticia para medir el apoyo con el que cuenta en el legislativo.

Corroborado que existe respaldo se inicia el trámite por las respectivas comisiones y luego en las plenarias de ambas cámaras.

El proceso tiene esta estructura pues los TLC se presentan bajo la autoridad de ‘Fast Track’ o ‘vía rápida’, que no permite hacer modificación alguna al texto del TLC que fue negociado por la administración. Cualquier ajuste, por lo tanto, debe hacerse antes.

Así mismo, el ‘Fast Track’ prevé un límite de 90 días para aprobar o rechazar el tratado y de allí la necesidad de cuantificar el apoyo antes de someterlo a su tramo final.

En el caso de Colombia, sin embargo, hay varios asuntos que deben ser resueltos en el camino. Primero, el Plan de Acción incluye otras exigencias que son requisito para que el tratado se presente de manera oficial. En este documento figura el 15 de junio como la próxima fecha en la que Colombia deberá demostrar el cumplimiento. (ver abajo)

Así mismo, el trámite del TLC está amarrado a otras discusiones internas entre republicanos y demócratas que aún no se han resuelto. Entre ellas, la suerte del ATPDEA, que expiró en febrero, y el TAA, otro programa que no fue ampliado y que prevé beneficios para aquellos trabajadores de E.U. que se han visto desplazados por el comercio exterior.

Así mismo debe definirse el orden en que se moverán los TLC pendientes, pues el de Corea y el de Panamá también están listos para la ratificación legislativa.

La administración ha dicho que desea mover primero el de Corea. Pero los republicanos, hasta ahora, han insistido en tramitarlos todos de manera simultánea.

Lo que debe presentar Colombia el próximo 20 de mayo y 15 de junio

Para el 20 de mayo, desarrollar un plan para fortalecer la capacidad y el número de fiscales e investigadores de la policía judicial en las oficinas regionales.

Aprobar antes del 15 de junio una reforma al Código Penal para criminalizar y penalizar acciones y amenazas que afecten adversamente los derechos fundamentales de los trabajadores incluyendo amenazas contra trabajadores, o que interfieran en su derecho de asociarse y negociar colectivamente.

Acelerar la fecha efectiva de julio de 2013 para junio de 2011 de disposiciones legales, que incluyen multas importantes, para prohibir el uso indebido de las cooperativas y otras relaciones de empleo que socavan los derechos de los trabajadores. Esta acción legislativa se espera esté lista el 31 de mayo.

Emitir regulaciones para implementar la aplicación la ley de cooperativas de 2010, aclarar las leyes anteriores de las cooperativas y garantizar la coherencia entre estas leyes. Los reglamentos también incluirán multas significativas para las empresas que violen las leyes de cooperativas y se nieguen a crear y mantener las relaciones de empleo directo con los trabajadores afectados.

Duplicar los inspectores laborales contratando a 480 nuevos inspectores, 100 de ellos en 2011. Las inspecciones preventivas comenzarán inmediatamente en los siguientes sectores prioritarios: aceite de Palma, azúcar, minas, puertos y flores.

Llevar a cabo un programa de divulgación, a partir de junio de 2011, para informar a los trabajadores de sus derechos bajo las leyes pertinentes y los recursos disponibles para exigir el reconocimiento de una relación de empleo directo.

Mejorar inspección y observancia para impedir el uso de organismos de servicio temporal que burlen los derechos de los trabajadores.

Iniciar el 15 de junio, un régimen de aplicación sólida que detecte y perseguir el uso de pactos colectivos que se empleen para socavar el derecho de sindicación y de negociación colectiva y llevar a cabo una campaña de sensibilización del público.

Lo que ya se hizo

Entre el paquete de documentos entregado el 20 de abril figura una resolución del ministerio del Interior que expande los niveles de protección a los que tendrían derecho personas asociadas al movimiento sindical.

Bajo el sistema actual solo pueden obtener protección del Estado “líderes sindicales” que se desempeñan como tales en el presente.

Tras la resolución, podrán gozar de protección todos los sindicalistas, no solo líderes, e incluso aquellos que tienen la intención de ser sindicalista, o formar sindicato, o hayan sido parte de un movimiento laboral en el pasado. Eso, siempre y cuando un análisis confirme que existe riesgo.

Dado que la resolución prevé una dramática expansión del cubrimiento -se estima que se duplicará la población protegida- era necesaria una adición presupuestal para financiar el programa. El paquete de documentos incluye un comunicado del Ministerio de Hacienda en el que estipula que se ha pedido esa adición presupuestal, que superaría los 6.000 millones de pesos.

Otro de los ajustes entregados a EE. UU. tiene que ver con el programa de reubicación de profesores amenazados. Bajo el esquema actual, si tras su reubicación se demuestra que la amenaza o riesgo no existía, al profesor se le descuenta el costo de su salario. Tras la nueva resolución, ya no se descontaría el dinero en caso de determinar que no hubo riesgo.

El paquete de ajustes también contempla una nueva directiva de la Fiscalía a la Policía judicial. En ella se les pide que pregunten, como parte del cuestionario regular cuando se acude a la escena de un crimen, si la persona afecta tiene vínculos con el sindicalismo.

De esa manera se podrá hacer más expedito el proceso de investigación en casos de violencia sindical.

SERGIO GÓMEZ MASERI

WASHINGTON